Su mandato es un catálogo de ocurrencias y calenturas pasajeras, como quien tira dardos al azar en la oscuridad, esperando que alguno acierte.
Primero habló de una Asamblea Nacional Constituyente; ahora pretende forzar una consulta popular para imponer sus reformas, desconociendo la separación de poderes y manipulando el concepto de soberanía popular. Pero que no se equivoque: la soberanía es de los ciudadanos, no de un gobierno desesperado por imponer su agenda.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana para decidir sobre temas de interés general, no para aprobar o derogar leyes, función exclusiva del Congreso. Sin embargo, Petro y su séquito quieren usarla como una vía de escape ante el fracaso legislativo de sus reformas. Y no es un fracaso menor: su reforma laboral, por ejemplo, quedó enterrada en el Congreso porque no era más que un «dulce envenenado» que acabaría con más de 500 mil empleos formales. La pensional, aunque aprobada con mermelada y presiones, está en revisión de la Corte Constitucional. La de salud se estrelló contra el muro de la razón. Ante este panorama, el presidente, de manera irresponsable, incitó a la violencia desde su Twitter y, aquí en Ibagué, vimos cómo sus fanáticos destruyeron la infraestructura de la Universidad del Tolima.
El problema de fondo es su desprecio por las instituciones. Mientras el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, amenaza con sacar adelante la reforma laboral por decreto, pasando por encima del Congreso, peor aún, Armando Benedetti, ministro del Interior, con su conocida verborrea, llegó al absurdo de decir que someterían a consulta la reforma pensional. Una ley ya aprobada y en revisión de la Corte Constitucional. Esto demuestra un desconocimiento total de la separación de poderes. Para que quede claro: en la República de Colombia hay tres poderes. El Legislativo (Congreso), que hace las leyes; el Judicial, que revisa su constitucionalidad; y el Ejecutivo (Presidencia), que las ejecuta. En Colombia estamos perdiendo la democracia al tener un presidente que desconoce el Congreso y las altas cortes. En otras palabras, quieren disfrazar su tiranía con “voluntad popular”. Así se comportan las dictaduras, no las democracias.
Los números no mienten. En las últimas encuestas, la desaprobación de Petro ronda el 65 %, y su imagen favorable no supera el 30 %. Si el pueblo realmente respaldara sus reformas, ya se habrían aprobado sin necesidad de presiones o atajos. Pero el Congreso, reflejo de la pluralidad nacional, no ha cedido a sus chantajes.
Esta estrategia recuerda a las maniobras de otros líderes populistas en la región. En Venezuela, Chávez usó referendos para aferrarse al poder y moldear el Estado a su antojo. En Bolivia, Evo Morales desconoció los resultados de una consulta popular que le negaba la reelección. En Argentina, el kirchnerismo recurrió a reformas populistas que terminaron en desastres económicos. Pero no olvidemos el caso que ya vivimos en Colombia durante la presidencia de Juan Manuel Santos, del Partido de la U, quien convocó un plebiscito para avalar su proceso de paz con las FARC y lo perdió. Ganamos los del NO, y aun así, con el famoso Fast Track, nos impuso ese nefasto proceso, pasando por encima del mandato popular. Ahora Petro intentará lo mismo, lo que nos costará miles de millones a los colombianos que pagamos impuestos.
El mensaje es claro: Colombia no está para experimentos autoritarios. La consulta popular no puede ser un instrumento de coacción ni una excusa para torcer la Constitución. Que el presidente deje de vender discursos embusteros y entienda que la democracia no es un juego de su conveniencia. La soberanía es del pueblo, no de su calentura del día.
