En un país donde la justicia parece un espejismo y la indignación se convierte en nuestra sombra diaria, la noticia de cabecillas narco-terroristas de las disidencias de las FARC movilizándose en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha desatado una ola de furia legítima y profundamente arraigada.
Mientras los líderes sociales son exterminados y las comunidades indígenas del Cauca son diezmadas, el gobierno otorga protección de lujo a los verdugos de nuestros compatriotas. Esta es una traición no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad colombiana.
Imaginen el rostro del campesino desplazado que, despojado de su tierra, ve cómo los mismos criminales que lo expulsaron ahora circulan seguros en vehículos financiados con sus impuestos. Es como ver al lobo vestido con la lana del cordero. En un retén militar en la vía Medellín-Anorí, varios jefes de un grupo armado fueron interceptados a bordo de camionetas de la UNP. Entre ellos, Alexander Mendoza (Calarcá Córdoba), Erika Castro, Erlinson Echavarría Escobar (Ramiro) y Édgar de Jesús Orrego Arango (Firu), todos protegidos con un manto de impunidad que enmascara la descomposición moral del Estado.
Los detalles de esta operación son escalofriantes: se encontraron $60 millones en efectivo, dos computadoras portátiles, memorias USB, un teléfono satelital, celulares, dos pistolas calibre 9 mm y un chaleco balístico. Sin embargo, lo más inquietante es que, aunque algunas de estas personas están amparadas por el proceso de paz, había disidentes con órdenes de captura vigentes. La ley prohíbe transportar a individuos buscados por la justicia, pero parece que para ciertos «privilegiados» del crimen, las reglas son meras sugerencias.
Mientras tanto, en el transcurso de este año, 84 líderes sociales han sido asesinados según cifras de INDEPAZ. En todo el territorio nacional, miles de personas son amenazadas, desplazadas y el reclutamiento de menores es cada vez mayor. Las solicitudes de protección a la UNP siguen creciendo desmesuradamente: 30.101 en 2021, 41.898 en 2022, 50.825 en 2023 y, hasta ahora, 18.633 en 2024. Cada cifra es un grito de auxilio, un testimonio de un sistema que se desmorona ante nuestros ojos.
El mensaje del Gobierno Nacional es claro: para los bandidos, blindaje; para los ciudadanos de bien, desamparo. Este es un gobierno que, en su desatino, privilegia a quienes han teñido de sangre nuestras tierras. Es inadmisible que los recursos de todos los colombianos financien los privilegios de aquellos que han asesinado líderes sociales, campesinos, militares y policías. La UNP, en lugar de ser una muralla protectora para los inocentes, se ha convertido en una fortaleza para los culpables.
Hoy, los colombianos quedamos notificados de que los bandidos tienen garantías para seguir matando, secuestrando, reclutando niños, extorsionando y desplazando, mientras los ciudadanos trabajadores y honrados seguiremos a merced de nuestra suerte. En esta Colombia invertida, es hora de despertar y exigir que las verdaderas víctimas sean quienes reciban la protección que merecen, y que los verdaderos criminales enfrenten la justicia que tanto nos han arrebatado.
