Autoridades de salud priorizan intervenciones urgentes para enfrentar las desigualdades que agravan el riesgo de muerte materna en poblaciones vulnerables.
En un esfuerzo por frenar las alarmantes cifras de muertes maternas, el Ministerio de Salud lanzó esta semana un Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna, una estrategia nacional que busca salvar vidas mediante acciones dirigidas, con énfasis en los factores sociales que incrementan el riesgo de complicaciones durante el embarazo, parto y posparto.
Entre los elementos más determinantes identificados por el plan están la etnia, el nivel educativo y la edad de las mujeres gestantes, factores que influyen directamente en el acceso a servicios de salud de calidad y oportunos.
“Las mujeres indígenas, afrodescendientes y aquellas que viven en condiciones de pobreza son quienes enfrentan las mayores barreras para acceder a atención médica, lo que se traduce en tasas de mortalidad significativamente más altas”, señaló la ministra de Salud durante la presentación del plan.
De acuerdo con datos oficiales, las adolescentes embarazadas presentan un riesgo aumentado de complicaciones obstétricas, mientras que las mujeres con bajo nivel educativo tienden a tener menos conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos, y menos posibilidades de exigir atención adecuada.
El plan propone acciones urgentes e integrales, como:
-
Fortalecer la atención primaria en zonas rurales y marginadas
-
Garantizar la gratuidad de los servicios de salud materna
-
Capacitar al personal médico con enfoque intercultural
-
Promover la educación sexual integral en escuelas
-
Implementar campañas comunitarias de sensibilización
Organismos internacionales como la OMS y el UNFPA han respaldado esta iniciativa, resaltando la necesidad de acortar las brechas sociales y estructurales que provocan que el embarazo aún represente un riesgo de vida para miles de mujeres.
Con este plan, el país busca cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo 3.1, que establece reducir la razón de mortalidad materna global a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos para el año 2030.
“Reducir la mortalidad materna no es solo un desafío médico; es un imperativo de justicia social”, concluyó la funcionaria.